Tengo un amigo que me controla cuando escribo, recordándome que si critico a ciertas empresas las perderé como futuras clientes. Probablemente tenga razón, pero en esta ocasión me gustaría dejar a un lado la visión mercantilista que tenemos los abogados y sacar a flote el «amor por la justicia» que tenemos todos cuando estamos estudiando derecho.

Lo que amerita mi actitud es una noticia que escuché el día de ayer en uno de los programas de radio dominicanos, en que se comentaba que un centro médico se negaba a entregarle a la madre un recién nacido que había fallecido, hasta que no hiciera el pago de la suma de dinero que adeudaba por la atención que había recibido. Al parecer, no solo a los abogados se nos olvida que inicialmente estudiamos una carrera por amor a lo que se logra a través de ella… me imagino a esos médicos cuando eran estudiantes y les preguntaban por qué habían elegido la carrera de medicina y decían que lo único que les interesaba era salvar vidas, pero después se gradúan y se juntan para crear un Centro Médico y eso queda en el olvido.

Pero bien, desde el punto de vista jurídico cabe preguntarse, ¿es posible que un Centro de Salud retenga una persona (viva o muerta) por el no pago de una suma de dinero? La Constitución dominicana no puede ser más clara en su negativa, cuando en su artículo 40 numeral 10 prohíbe el apremio corporal por una deuda civil, o más específicamente, por una deuda que no provenga de leyes penales, lo que implica incluso la celebración de un juicio en la forma indicada por las leyes de naturaleza procesal-penal antes de poder tomar una medida como el apremio.

En el caso de alguien que ha fallecido es peor todavía, pues la retención implica una violación a la dignidad de la persona, la cual según el artículo 38 de la Constitución es sagrada e inviolable, y su respeto y protección es responsabilidad del Estado dominicano, aún incluso después de la muerte.

Algunos dirán que aquí el Centro de Salud está ejerciendo un «derecho de retención», que es un tipo de garantía válidamente reconocido en derecho civil, sin embargo, cabe recordar que las garantías solo pueden ejercerse sobre bienes que están en el comercio y evidentemente el cuerpo humano no lo está, porque no puede ser susceptible de apropiación.

Otros defenderán a los centros médicos alegando que si no es con esa retención no van a poder cobrar los valores que les son adeudados. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que como acreedores que son, los Centros de Salud van a poder acudir a las vías de derecho que existen para cobrar una deuda, en otras palabras, van a poder practicar embargos contra los bienes de los deudores. Ciertamente es una vía más lenta y tal vez menos segura, pero esa es la única forma legal con la que se garantiza el respeto a los derechos de todos los involucrados. Además, hay que recordar que los médicos y los centros en los que se desempeñan son acreedores que de por sí se encuentran beneficiados por el legislador, pues en el artículo 2202 del Código Civil se les reconoce un privilegio sobre todos los bienes muebles del deudor, por lo que en palabras llanas «pueden cobrar primero que casi todo el mundo».

Entonces, ¿qué puede hacer la persona que está siendo detenida o los sucesores del difunto retenido por el Centro de Salud? O interponer un hábeas corpus o iniciar una acción de amparo, es decir, acudir a un tribunal para que conozca la violación a la integridad o la libertad que está sufriendo, el cual de manera rápida y sencilla debe tomar una decisión para parar esa situación. Encima de eso, -sin ánimos de motivar demandas infundadas-, debo aclarar que también existe la posibilidad de que el Centros de Salud sea demandado en responsabilidad civil y se le condene a pagar una indemnización, siempre y cuando el afectado pueda demostrar que sufrió un daño por ese comportamiento abusivo (faltivo).

En definitiva, puede ser que algunos digan que con esta publicación estoy atacando a los Centros de Salud, defendiendo a los “mala pagas” en perjuicio de quienes tienen que producir para funcionar. Reconozco que hay personas negligentes y que si la gente no cobra por el servicio prestado no se puede sobrevivir (créanme que como abogada lo sé muy bien), pero también hay que ser conscientes que una falta no se puede resolver con otra falta. Un abuso es un abuso, punto.